lunes, 5 de junio de 2017

Boletín AEDD nro 1294: Cuarta audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
Buenos Aires, Argentina

En la cuarta jornada juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares la hermana y el hijo de dos asesinados por la patota de la derecha peronista dieron detalles de esos crímenes impunes, que por defección de la justicia no están siendo parte de este debate. Además un trabajador de Astillero y ex preso político en la Unidad 9 relató la impunidad con que se manejaba la banda aun estando detenida en ese penal.



Por HIJOS La Plata - https://es-la.facebook.com/ HIJOS.LaPlata/

En la cuarta audiencia del juicio que comenzó el 15 de mayo, declararon dos familiares de asesinados por la patota platense de la CNU que no están siendo tomados como caso en este juicio por la defección de la justicia platense.

En primer término Graciela Rayson, hermana del trabajador de Propulsora Siderúrgica Daniel Rayson, secuestrado y asesinado el del 19 de febrero de 1976, relató con desazón el violento operativo que la patota de Castillo perpetró en su casa de calle 171 entre 16 y 17 de la ciudad de Berisso. “Se robaron la vida de mi hermano y hasta hoy no sé por qué. Hoy vengo acá en busca de una respuesta, a ver si el señor Castillo me puede informar algo”, dijo Graciela, que al momento de los hechos tenía 22 años y aún hoy expresa en su relato las consecuencias de aquella barbarie. “Entraron como un tropel, además de llevarse a mi hermano nos robaron todo. Se llevaron tres tomos de las obras de Freud que yo tenía. Iban y venían llevándose cosas. Eran como diez o quince personas armadas”,

Daniel Rayson era estudiante de Derecho y trabajador en la fábrica metalúrgica Propulsora Siderúrgica de Ensenada. “Mi hermano era peronista, pero no militaba. Estaba estudiando y trabajaba horas extras porque su proyecto era casarse”, dijo Graciela. Explicó que como su padre, que murió siendo ellos muy pequeños, era militar y conocían la sede del Regimiento 7, fueron a hacer gestiones a esa dependencia, por entonces ubicada en la actual Plaza Malvinas. Luego la llamaron de la Unidad Regional de la Policía bonaerense para que reconociera elementos robados y secuestrados a la banda de Castillo cuando fueron detenidos en abril del ’76, hecho que coincide con las búsquedas de muchos testigos que ya hablaron en el debate. Además afirmó que con ingenuidad hicieron la denuncia en una comisaría de Berisso, en la misma Propulsora y recurriendo al concejal López Osornio de esa localidad. Él fue quien días después reconocería el cuerpo de Daniel, que apareció acribillado en Brandsen junto al de Alcides Emilio Méndez Paz, estudiante de ingeniería y trabajador de Astillero Río Santiago secuestrado el mismo día. “No me dejaron verlo. Me mostraron una foto. Estaba tirado boca abajo junto a Méndez Paz. Su carita estaba sobre una zanja con la boca abierta y las manitos atadas detrás. Me mostraron la ropa y estaba agujereada. Le conté entre dieciséis y diecinueve balazos”, aseguró Graciela ante el tribunal. “Como pude traté de sobrellevar la muerte de mi hermano. Me puse anteojeras como un caballo y me puse a estudiar psicología y después medicina” relató apesadumbrada la testigo, que se aferró a su creencia religiosa para rehacer su vida y afirmó sin ironía mientras buscaba al represor con la mirada que “al señor Castillo le tengo que agradecer porque en mi dolor me hizo conocer el dolor de los demás”.

A continuación ofreció su testimonio Ariel Suárez Córica, hijo de Luisa Marta Córica, militante de la JUP y delegada de los trabajadores del Hipódromo platense secuestrada y asesinada el 7 de abril de 1975 por la banda de la CNU. Al comenzar el relato Ariel no dudó en calificar el crimen de su madre como “un acto del terrorismo del Estado” del que aseguró “yo también soy víctima junto a mis hermanos, ya que arrastramos esto desde hace 42 años”. Cuando sucedió el hecho Ariel tenía 10 años, y sin embargo pudo reconstruir la situación previa que vivía su madre: “vivía atemorizada y sintiéndose expuesta”, dijo. Detalló que la familia sufrió tres hechos de amenazas previos al secuestro. Primero un hostigamiento de vigilancia de una persona que realizaba vigilancia en la casa que habitaban en calles 16 y 37. Luego en el departamento de calles 47 entre 10 y 11, donde recuerda haber encontrado a su madre dentro de la habitación junto a una persona que fumaba y la hostigaba. El tercer hecho fue más violento, ya que al entrar al departamento fueron interceptados por un grupo de 4 personas que lo agarraron a él del cuello y pusieron contra un costado, mientras sentaron a su madre en una silla y la amenazaron durante media hora. Posterior a eso, tuvo charlas con su madre y recuerda que siempre le nombraba al “Indio” Castillo como “la peor amenaza”. De hecho recuerda haberle pedido a Luisa que se fuera y reclamarle “¿Qué vamos a hacer si el “Indio” te mata?”.

Luisa estaba separada y criaba a sus tres hijos. Trabajaba en el área de fotocopiado de la Cámara de Diputados de la provincia y en el Hipódromo platense, ambos ámbitos de intensa circulación de las patotas de la CNU. Además estudiaba Filosofía y Letras en la Facultad de Humanidades de la UNLP y, según Ariel, “tenía muchos valores y era muy solidaria”. Fue secuestrada por un grupo de 7 represores cerca de la estación de trenes platense cuando salía de su trabajo en el Hipódromo. Entre los partícpes estaban Castillo, Pomares, Dardo Quinteros, “Richi” Walsh, “El Feiño” David Massota, “Tony” De Jesús, “El Boxer” Alfredo Lozano y “El Misto” Gustavo Fernández Supera, entre otros.

Su cadáver destrozado apareció en la localidad de Los Talas, al sur de Berisso. El crimen sufrió el encubrimiento de las causales de muerte en la Morgue de La Plata, donde los médicos policiales asentaron “hemorragia aguda” lo que en verdad eran siete itakazos y huellas de ataduras en las muñecas. La dinámica se perfeccionaría como último eslabón de la cadena impune del Terrorismo de Estado durante la dictadura.

Ariel contó que cuando pudo recuperar el puesto de trabajo de su madre en la Legislatura fue conociendo a algunos compañeros de ella y que se cansó de escuchar que le mencionaran que el “Pipi” Pomares estaba implicado en el crimen de su madre: “En ese momento Pomares trabajaba de asesor en el Senado. Era vox pópuli que se había dedicado a reventar gente, igual que toda esta banda del terror”.

En la instrucción de la causa CNU realizó un reconocimiento fotográfico en el juzgado, donde reconoció a Castillo, Fernández Supera, Ricardo “Richard” Calvo y “Tony” De Jesús, estos dos últimos como dos de los que amenazaban a Luisa en aquella irrupción en el departamento previa al secuestro. Además señaló que su padre tuvo un encontronazo con “El Misto” Fernández Supera poco tiempo después del asesinato de Luisa, porque se había mudado con su familia en frente a la casa de los abuelos de Ariel. Agregó que a Calvo se lo cruzó un día por el centro de La Plata, cuando tenía 15 años, lo siguió y lo vio entrar a la Legislatura provincial. “Los asesinos de mi vieja estaban en La Plata tranquilos tomando café, hicieron carrera en el estado, fueron protegidos y se jubilaron sin problemas”, afirmó. Por si fuera poco, contó que realizando su trabajo de camarógrafo un día fue a cubrir una nota sobre la inauguración de una casita de fiestas infantiles en La Plata. Al llegar reconoció al dueño del lugar como el represor “Tony” De Jesús, y después supo que el emprendimiento lo había financiado con la indemnización que cobró, como muchos otros de la banda, haciéndose pasar como detenido político en la dictadura.

“Por mucho tiempo creí, como deben haber creído los imputados, que nadie iba a tener que dar explicaciones de estos crímenes. Sin embargo la vida y el país me fueron demostrando que no fue así, y sobre todo por la lucha de los organismos de Derechos Humanos” señaló con firmeza el testigo, que finalizó diciendo “Estoy acá para cerrar un círculo”.

Finalmente el testigo Luis Córdoba, ex detenido desaparecido y preso político por ser delegado en Astillero Río Santiago, aportó un detalle muy significativo sobre Córdoba entró como aprendiz al Astillero Río Santiago a los 14 años, y ya para 1975 era delegado en la sección de alistamiento eléctrico.  Como parte de esa tarea participó de la formación de la Coordinadora Interfabril de zona sur, junto a compañeros de Propulsora, YPF y el frigorífico Swift, y del impulso de los Convenios Colectivos de Trabajo reconocidos formalmente en el ’75.
Fue detenido en las redadas que la Marina realizó sobre los trabajadores de la zona el 24 de marzo del ’76, pasó cinco días de torturas en el Centro Clandestino de Detención de la Escuela Naval Militar y luego 18 meses como preso político en la Unidad 9. Fue despedido de Astillero y, si bien pudo recuperar el estatus de relación de dependencia como dispensado, nunca se le reconocieron los años de antigüedad para poder jubilarse. Con 71 años sigue peleando con sus compañeros para que ese beneficio se haga efectivo.

En principio el dato que señaló no es nuevo, y el propio Córdoba se encargó de recordar que él ya lo había aportado a la justicia en sus testimoniales de juicio Por la Verdad de septiembre de 2006, juicio “Unidad 9” de 2010 y juicio “Fuerza de Tareas 5” de 2015.
En concreto volvió a relatar que cuando estaba en la Unidad 9 pudo ser testigo de que un grupo de 6 integrantes de la CNU, entre los que se destacaban Castillo, Pomares, y “Tony” De Jesús, salían al patio a conversar con los detenidos políticos y alardeaban de las tropelías que habían cometido tiempo antes. Entre ellas, Córdoba recuerda los secuestros y asesinatos de varios compañeros de Astilleros o de las fábricas de la zona ya desde noviembre del ’75 y hasta bien entrado el golpe de Estado como Alcides Méndez Paz,
Salvador Delaturi, Carlos Scafide, Juan Carlos Arriola, Diego Arias, Jorge Pedro Gutzo, Fortunato Andreucci y José Luis Lucero.

La banda de Castillo había sido detenida a fines de abril del ’76, en un operativo donde habían ido a secuestrar al militante de la JP Juan Carlos Arias, lo que demuestra que seguían activos después del golpe coordinando la represión con los Grupos de Tareas de la dictadura. Recordemos que Castillo está procesado en la causa por los crímenes cometidos en dictadura en el CCD de la sede de Caballería de la Policía Bonaerense, ubicado en calles 1 y 60.

Córdoba afirmó que, más que cumpliendo un régimen como detenidos, en la Unidad 9 estaban puestos para sacar información a los presos políticos. Recordó que la banda andaba con ropas de particular, que Castillo exhibía credenciales del Ejército y la Marina y que los presos políticos que salían de las celdas a hacer tareas de limpieza o a servir comida veían a los CNU en el puesto de control con una libertad de acción que el resto no tenía. En uno de esos cruces, Córdoba les reclamó “Ustedes sabían que nosotros éramos trabajadores, no teníamos armas, e igual nos masacraron”. Entonces uno de los represores le contesta señalándole un reloj que tenía puesto y le dice: “Este es el reloj de Pedro Gutzo, y ese sí estaba en la pesada”. Tiempo después, ya liberado, Córdoba pudo saber a través de la familia de Gutzo que en el operativo de secuestro les habían robado varias cosas, entre ellas un reloj de Pedro.

Además, Córdoba aportó más información sobre el circular impune de la banda de la CNU en La Plata en democracia. Dijo que realizando gestiones por ciertas obras de su trabajo en 2006, fue a ver al secretario de gobierno del municipio, y allí vio a Castillo y Pomares entrando y saliendo de los despachos. Lo mismo ocurrió en la Legislatura provincial cuando estaba impulsando la ley de reparación de los trabajadores de Astillero.

Al finalizar el relato, Córdoba reclamó con firmeza “No puede ser que la justicia todavía no tenga en claro todo esto. Ya debería estar todo investigado. Sobran elementos como el uso de las mismas modalidades de secuestro y asesinato, las mismas armas y vehículos en los distintos casos. Yo siempre colaboré con la justicia contando la verdad. Pido que se aceleren estas causas y sobre todo la de los compañeros víctimas de Astillero”. Finalizó diciendo que “hay mucha expectativa de los compañeros de Astilleros por el cumplimiento de la sentencia de reconocimiento de los años de servicio para jubilarse. No es admisible el tiempo que se toma la justicia con los compañeros”.

 LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL MIÉRCOLES 7 DE JUNIO A LAS 10HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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