viernes, 28 de febrero de 2014

Boletin AEDD NRO. 1042 : Juicio "La Cacha": Otra vez maniobras provocadoras y dilatorias de abogados defensores

Solicitamos difusión

La Plata, 26 de febrero de 2014


Desde fines del año pasado y luego de 36 años de espera por justicia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó el juzgamiento a 21 genocidas que formaron parte del Centro Clandestino de Detención y Exterminio denominado La Cacha.

Justicia Ya! La Plata viene denunciando desde el inicio de los juicios a los represores de la dictadura cívico-militar instaurada a partir del marzo de 1976, las reiteradas anomalías en todos los procesos desde el momento mismo de su formación: fragmentación y  atomización de la causas, juicios a cuenta gotas, tardíos, investigaciones incompletas, falta de colaboración del Estado que se niega a abrir los archivos y entregar las listas, cárceles domiciliarias como antesala al permiso de profugación, etc.

Sin embargo, y cuando creíamos haber presenciado todas estas maniobras claramente funcionales a la impunidad,  en este nuevo juicio asistimos a una nueva modalidad de perpetuación de la misma.

Entre los abogados defensores se encuentra el doctor Juan José Losinno, abogado penalista de la ciudad de La Plata, quien llega a esta causa precedido por nefastos antecedentes: defensor de Justo José López, uno de los policías acusados de matar a Miguel Bru, el estudiante de Periodismo que desapareció de la comisaría novena de La Plata en 1993; abogado del cuádruple femicida Ricardo Barreda, el odontólogo que mató brutalmente a las 4 mujeres de su familia.  Defendió también a Agustín Arrien, condenado por el homicidio de su pareja María Rossi, médica del hospital San Martín de La Plata que fuera hallada agonizando en un zanjón de Villa Elisa y murió después de estar seis meses en coma; representó a funcionarios de IOMA detenidos por estafa y corrupción;  patrocinó al pedófilo “cura Grassi”; defendió en un juicio por delitos de peculado, malversación de caudales públicos y estafa, al intendente de Bahía Blanca, Rodolfo Lopes, quien contrató a su  estudio de La Plata luego de que  en el fuero local se negaran a asumir su defensa.

Juan José Losinno, fue candidato a presidir el Colegio de Abogados de La Plata en el 2008 y actualmente suma a su curriculum vitae el ser defensor del genocida Claudio Raúl Grande, quien está siendo juzgado en este juicio.
A Grande se lo imputa por ser autor de delitos de lesa humanidad y por la comisión de violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Permanece detenido desde hace cuatro años. Grande era Redactor dactilográfico en la Sección Reunión Interior encargado de la Mesa Factor Político durante el terrorismo de Estado, es decir miembro del PCI (Personal Civil de Inteligencia), del Destacamento de Inteligencia de Ejército  101 , sito en 55 e/7 y 8 de La Plata. Sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención La Cacha, lo señalan como uno de los guardias del CCD. Además Claudio Raúl Grande era estudiante de la carrera de Veterinaria, una de las Facultades con gran cantidad de compañeros detenidos desaparecidos.

Desde el primer día del debate, Losinno se encargó de intimidar a los testigos para que se sometan a reconocimientos fotográficos. Su única finalidad es amedrentar a las víctimas, sabiendo que es muy difícil para ellos prestar declaración y someterse a ese tipo de reconocimiento de personas que vieron hace más de 35 años y cuando permanecían tabicados durante su cautiverio y escasas veces pudieron ver a sus represores. Una de las víctimas, sobreviviente de La Cacha que accedió a realizar el reconocimiento fotográfico de personas que fuera solicitado por la defensa de Grande fue groseramente engañada, ya que el defensor introdujo entre las fotografías la foto de la libreta universitaria del imputado, sabiendo que en esa foto no tenía el mismo aspecto en el año 78, año en el cual la testigo podría haber visto al represor. No acordamos con los reconocimientos fotográficos pero de hacerse, las fotos que se presenten deben ser de la época en que transcurrieron los hechos que se juzgan y con el aspecto que tenían los imputados en ese entonces.

Son varias las provocaciones y el accionar repudiable de este defensor durante el juicio. Losinno, como parte de su coacción psicológica a los testigos, intentó introducir una foto del Dr. House para el reconocimiento. Cuando los jueces ven esa foto le preguntan al defensor si se trataba de una broma, a lo cual Losinno responde: "esa no va. Yo pedí una tijera".

Ya al inicio del debate Losinno se refirió al Tribunal manifestando que sus miembros "se habían rascado las bolas todo el año". Su primer pedido consistió en solicitar la nulidad del juicio por el cual los organismos de derechos humanos, familiares de  víctimas y toda la sociedad viene esperando hace más de 30 años. Los pedidos reiterados de recusación al presidente del tribunal; las constantes interrupciones para dilatar y entorpecer el debate, realizando cualquier tipo maniobra procesal para alejarse de la búsqueda de la verdad; el intento permanente por confundir este juicio con uno de derecho penal común, desconociendo el tratamiento que se merece esta clase de procesos, donde los delitos que se imputan son crímenes de lesa humanidad; las irrespetuosas y agresivas actitudes hacia las víctimas generando incomodidad y revictimización de los testigos que una vez más y después de 37 años deben someterse a revivir aquel infierno.

Pero Losinno no actúa solo, sino que sus colegas tanto el defensor oficial, Martín Adrogué como Pablo Hawlena Gianotti, defensor de Gargano y en su momento del Comisario de la "Mejor Maldita Policía del Mundo" Luis Vicat,  solicitaron al Tribunal que el público evite realizar manifestaciones políticas contra sus defendidos. Parece ser que este abogado y sus colegas jamás presenciaron un juicio de esta magnitud, donde muchas de las personas que forman parte del público no solo sufrieron el genocidio perpetuado en nuestro país durante 1976-1983 sino que además llevan 37 años esperando un poco de justicia. Este planteo no sólo roza la ridiculez sino que viene a sumarse a las provocaciones permanentes con el único objetivo de lograr una situación anómala que lleve a la dilación y suspensión del juicio, logrando de esta manera un nuevo tipo de impunidad.

REPUDIAMOS LA METODOLOGÍA DE AMEDRENTAMIENTO, DILACIÓN, DE LOS DEFENSORES PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD LOS GENOCIDAS!!!.

Cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas por todos los compañeros
30000 Compañeros Detenidos Desaparecidos Presentes!!!
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos

Asociación de Ex–Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL);  Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega;  Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Federación Universitaria de La Plata (FULP) HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata en Justicia Ya! La Plata

Contactos  de prensa:
María Laura Bretal (Unión por los DDHH) 221 155580751
Carlos Zaidman (AEDD) 221 155731407

 Luciano Sívori (CeProDH) 221 154194746

domingo, 23 de febrero de 2014

Boletín de la AEDD nro 1040: Basta de represión a los pueblos y comunidades originarios!

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos
 Buenos Aires, Argentina

Se solicita difusión.

Basta de represión a los pueblos y comunidades originarios!

Repudiamos enérgicamente  la represión desatada contra los pueblos y comunidades del Chaco en Pampa del Indio cuando se manifestaban por sus derechos básicos como el agua y alimentos.

La brutal represión se produjo cuando la policía enviada por el gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff intentó desalojar la ruta. Inmediatamente después, se lanzó a través del fiscal del departamento de Libertador San Martín, Sorabela, una feroz cacería casa por casa para perseguir y detener a los luchadores populares. Muchos de ellos aún siguen sin aparecer. Hacemos responsable al gobierno provincial y nacional de la integridad de cada uno de los compañeros.

Exigimos al gobierno provincial y nacional
 -   el inmediato cese de la persecución

-  la libertad de los compañeros por luchar

- el procesamiento y juicio de los responsables de la represión

Asociación de Ex - Detenidos Desaparecidos

Boletín de la AEDD nro 1039: DENUNCIAMOS UN NUEVO ACUERDO MACRISTA – KIRCHNERISTA

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos
 Buenos Aires, Argentina

Se solicita difusión.

 Los organismos de DDHH del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia denunciamos el nuevo acuerdo secreto y a espaldas del pueblo que acaban de cerrar Cristina Fernández y Mauricio Macri: el traspaso de los sitios de memoria ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a la órbita de Nación.

El gobierno nacional, entre gallos y medianoche, impulsa este traspaso para poder llevar adelante su deseada intervención tecnológica sobre el Casino de Oficiales de la ESMA con el objetivo de “resignificación del espacio” según sus propias palabras.

Esta llamada “resignificación”  tiene como único objetivo imponer la nueva “ historia oficial”. Como dicen profesionales que integran la  Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos “quieren intervenir al Casino de Oficiales, el lugar más siniestro de la  ESMA, porqué quieren ocuparlo, porqué quieren entretener al visitante con  materiales museográficos. La única respuesta que encontramos es que desean distraer al visitante con recursos  expositivos y con ello borrar la dolorosa historia in situ que trasmiten sus paredes, sus escaleras, sus pisos, sus habitaciones, buscando un discurso que “venda”  una imagen de superación y reconciliación con esta historia represiva y no valorizar al contenedor como único testimonio tangible de los actos militares perpetuados en el lugar.”

Es falsa la afirmación de  los integrantes del equipo contratado por el gobierno nacional para intervenir en el Casino de Oficiales de la ESMA en la entrevista publicada por el diario Página 12 el domingo 9 de febrero en cuanto a que esta propuesta cuenta con el consenso de los sobrevivientes, sino que , por el contrario,  en las diversas reuniones fue sumando rechazos.
En el mismo diario, pero el día anterior, el Secretario de DDHH de la Nación Martín Fresneda afirmó que  “El convenio tiene vigencia a partir de su firma porque lo suscribieron las más altas autoridades de ambos gobiernos.”

Con respecto a esta afirmación le recordamos al ministro y al gobierno Nacional que la  Ley 961 de la Ciudad de Buenos Aires  dice :
“Artículo 3º.- Son atribuciones del Instituto "Espacio para la Memoria" para el cumplimiento de su misión:

a.  Recopilar, sistematizar y conservar el material documental y testimonial correspondientes a la época pertinente, el que pasará a integrar el acervo patrimonial del Instituto "Espacio para la Memoria"

c. Recuperar los predios o lugares en la Ciudad donde hubieran funcionado Centros Clandestinos de Detención o hubieran ocurrido otros acontecimientos emblemáticos de la época, promoviendo su integración a la memoria urbana. “

Además la  Ley Nacional  23415 del Congreso Nacional  ratifica el acuerdo firmado entre los entonces Presidente Néstor Kirchner y Jefe de Gobierno Jorge Telerman dice

“DECIMO CUARTO: En cumplimiento de las actas preexistentes de la Comisión Bipartita, las partes otorgan:

a)    al INSTITUTO ESPACIO DE LA MEMORIA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tenencia de los siguientes edificios: 1) El ex Casino de Oficiales, que por su carácter histórico será conservado en el estado que se encuentra, sin modificaciones o realización de actividades que desnaturalicen su sentido como Memorial. 2) el Pabellón Central (4 columnas), 3) la Enfermería, 4) la Imprenta, 5) el Taller Mecánico y 6) el Pabellón Coy.”
Por lo tanto, ambas leyes  no permiten a los ejecutivos de ambas jurisdicciones avanzar en este nuevo acuerdo.

El proyecto para el Casino de Oficiales del gobierno nacional no es más que la extensión de la política de banalización de los espacios de memoria al único sitio del predio de la ESMA que se conserva intacto. Busca sumarlo a los asados, a los payasos, a las murgas, los recitales, los plenarios partidarios. Pretenden contar una historia que, bajo el lema “donde hubo muerte hay que poner vida”, borra el objetivo del proyecto genocida para que no pueda ser reconocido en sus consecuencias en el presente. Buscan  mutar las razones que llevaron a los 300000 compañeros detenidos desaparecidos a enfrentar a la dictadura genocida, ocultan que nuestros compañeros lucharon por construir un país y un mundo sin ninguna forma de opresión ni explotación. Buscan apoderarse de esa lucha y a través de su resignificación, o sea cambio de significado, justificar este presente. Un presente con leyes antiterroristas para perseguir a los luchadores y organizaciones populares; con un Proyecto X para espiarlos; con el genocida de Milani al frente del ejército; con la impunidad de los desaparecedores de Julio López, Luciano Arruga, de los asesinos de Silvia Suppo, de Mariano Ferreyra, de Salgueiro, Churapunia, Canevari y demás asesinados por luchar. Buscando la reconciliación del Pueblo con las actuales fuerzas armadas y de seguridad, continuadoras en el tiempo de las fuerzas armadas y de seguridad de la dictadura.

Este acuerdo no es el primero que realizan las aministraciones macristas – kirchneristas en materia de DDHH. Por el contrario, es continuadora del pasaje del Banco Nacional de Datos Genéticas de la órbita del Hospital Durand a la del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva para beneplácito de aquellos que lucran con el genoma humano. Se inscribe en el marco de otros acuerdos espúreos:  la demolición de los Talleres Protegidos del Borda para que el macrismo construya un Centro Cívico con la consecuente  represión brutal de parte de la Policía Metropolitana; el cambio de zonificaciones en la ciudad de Buenos Aires respondiendo a los intereses de ambos gobiernos o la construcción del Museo de Malvinas en la ESMA en la que el Gobierno Nacional concedió la  ejecución al socio de Mauricio Macri, Nicolás Caputo.

En estos 10 años muchas veces nos hemos opuesto a políticas llevadas adelante por el IEM, pero eso no significa que vayamos aceptar que se convierta el Casino de Oficiales en la “Tecnópolis de la Memoria”. La Esma es otra cosa: no un espacio que soporte un “show para turistas” sino un sitio que debe conmover y ayudar a pensar. Un lugar de recuerdo y homenaje, alejado de toda concepción que suscriba la banalización y el despilfarro.

Porque LA MEMORIA ES DEL PUEBLO Y NO DE LOS GOBIERNOS convocamos a todos los sectores populares a unir fuerzas para enfrentar este nuevo intento de “resignificación” de nuestra historia y marchar juntos el 24 de marzo a las 15:30 hs desde Congreso hasta  Plaza de Mayo con el encuentro Memoria Verdad y Justicia.

 ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

Boletín de la AEDD nro 1038: Juicio por el ccd y e La Cacha

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos
 Buenos Aires, Argentina

Se solicita difusión.  La Plata, 17/2/14

MIERCOLES 19  Y VIERNES 21 DE FEBRERO:  PROXIMAS AUDIENCIAS EN El JUICIO POR EL CCD "LA CACHA"

Desde la Unión por los DDHH La Plata invitamos a presenciar las audiencias públicas que se llevan adelante los días miércoles y viernes desde las 10:00 hs., en la sede de la ex Amia, calle 4 entre 51 y 53  de La Plata.

Pueden participar personas mayores de 14 años, se debe concurrir con DNI.

TESTIGOS:
Miércoles 19

Mariano Contardi
Perla Diez
Héctor J. Quinterno

Viernes 21

Adelina Dematti de Alaye
Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa
Eduardo Tolosa
Rita Tolosa_,

El Centro Clandestino de Detención “La Cacha” fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos. Fue uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que tuvieron El Ejército, la Marina, las Policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE ( Servicio Inteligencia Ejército). Según los relatos de algunos sobrevivientes el nombre “La Cacha” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.

Los primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores los tiene la justicia hace 30 años, y fueron producidos por  testimonios de sobrevivientes en Brasil año 1983 (grupo CLAMOR en San Pablo), testimonios en la CONADEP y reconocimiento del predio 1984.

Anuladas las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de DDHH de la Provincia donde tres ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en este CCD. Allí se hicieron las primeras indagatorias. Pero recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de una veintena de imputados. Y se comenzó a fragmentar la instrucción, según Blanco por “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad”.

Entre febrero y marzo de 2010 se detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia, aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw (aún en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (aún en Israel) y Miguel Angel Amigo, recapturado y sumado al juicio a último momento.

En marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa. Esto significó que se parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 y no incluyendo a todos, dejaron causas "residuales" de desaparecidos del 77 y dejaron para otro juicio futuro los desaparecidos de 1978 en el mismo CCD.

 Hasta ese momento, el juicio incluía a sólo 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg).

En mayo de 2012 el coronel Arias Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean. Ambos nombres pasaron a integrar la irreversible cifra de 340 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en causa Cacha. De hecho, por esas muertes impunes, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en hechos de Campo de Mayo y La Cacha , al que el juez Rozansky tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.

Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía, Penitenciarios, de la Armada y del Ejército.

A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos en noviembre del ’76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.

Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012.

En La Plata se llegó a fines de 2013 con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 80 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.

Por l@s 30.000 compañer@s desaparecid@s!

Juicio y cárcel efectiva a todos los genocidas!

Restitución de tod@s l@s niñ@s apropiad@s!

Basta de impunidad!

Julio López y Silvia Suppo Presentes!

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.


UNIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS LA PLATA
Ex-detenid@s desaparecid@s, Familiares y Compañer@s

Matrícula nº 39453  D.P.P.J.

jueves, 13 de febrero de 2014

Boletín de la AEDD nro 1037 : Miércoles 12 y 14 de febrero nuevas audiencias en el juicio por el CCD "La Cacha"

 La Plata, 11/2/14

Desde la Unión por los DDHH La Plata invitamos a presenciar las audiencias públicas que se llevan adelante los días miércoles y viernes desde las 10:00 hs., en la sede de la ex Amia, calle 4 entre 51 y 53  de La Plata.

Pueden participar personas mayores de 14 años, se debe concurrir con DNI.

TESTIGOS:


Miércoles 12
RICARDO VICTORINO MOLINA.
CARLOS  ADALBERTO MAZZA. 
ANGEL MIRETTA.
INES ORDOQUI. 
JULIO CESAR CHAVES.
SILVIA CAVECCHIA.

 Viernes 14
MARIA LAURA BRETAL.
CARLOS ROESLER.
VIVIANA RODRIGUEZ.
MIGUEL ANGEL BELLOMO.
JULIO CHAVEZ. 
PERLA DIEZ.

El Centro Clandestino de Detención “La Cacha” fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos. Fue uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que tuvieron El Ejército, la Marina, las Policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE ( Servicio Inteligencia Ejército). Según los relatos de algunos sobrevivientes el nombre “La Cacha” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.

Los primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores los tiene la justicia hace 30 años, y fueron producidos por  testimonios de sobrevivientes en Brasil año 1983 (grupo CLAMOR en San Pablo), testimonios en la CONADEP y reconocimiento del predio 1984.

Anuladas las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de DDHH de la Provincia donde tres ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en este CCD. Allí se hicieron las primeras indagatorias. Pero recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de una veintena de imputados. Y se comenzó a fragmentar la instrucción, según Blanco por “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad”.

Entre febrero y marzo de 2010 se detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia, aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw (aún en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (aún en Israel) y Miguel Angel Amigo, recapturado y sumado al juicio a último momento.

En marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa. Esto significó que se parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 y no incluyendo a todos, dejaron causas "residuales" de desaparecidos del 77 y dejaron para otro juicio futuro los desaparecidos de 1978 en el mismo CCD.

 Hasta ese momento, el juicio incluía a sólo 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg).

En mayo de 2012 el coronel Arias Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean. Ambos nombres pasaron a integrar la irreversible cifra de 340 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en causa Cacha. De hecho, por esas muertes impunes, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en hechos de Campo de Mayo y La Cacha , al que el juez Rozansky tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.

Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía, Penitenciarios, de la Armada y del Ejército.

A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos en noviembre del ’76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.

Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012.

En La Plata se llegó a fines de 2013 con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 80 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.

Por l@s 30.000 compañer@s desaparecid@s!
Juicio y cárcel efectiva a todos los genocidas!
Restitución de tod@s l@s niñ@s apropiad@s!
Basta de impunidad!
Julio López y Silvia Suppo Presentes!
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

UNIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS LA PLATA
Ex-detenid@s desaparecid@s, Familiares y Compañer@s
Matrícula nº 39453  D.P.P.J.

Boletín de la AEDD nro 1036: Comienza el 2do. juicio por crímenes cometidos en "El Vesubio"

A cuatro años del inicio del primer juicio Vesubio, este jueves 13 de febrero de 2014 se iniciará el segundo proceso oral por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como “el Vesubio”.  El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 4 tendrá a su cargo el proceso contra cinco genocidas por 204 casos.  Las audiencias se llevarán adelante en los tribunales de Comodoro Py.

EL TRIBUNAL
El proceso estará a cargo de los jueces Dr. Pablo Daniel Bertuzzi, Dr. Nestor Guillermo Costabel, Dr. Eduardo Carlos Fernández, quienes integran el TOF 4.

LOS GENOCIDAS
Estos serán los cinco represores que se sentarán en el banquillo:
1.      Néstor Norberto Cendón (guardia)
2.      Jorge Raúl Crespi (CRI – Central de Reunión de Información)
3.      Gustavo Adolfo Cacivio (Jefe a cargo del CCD Vesubio)
4.      Federico Antonio Minicucci (Regimiento III de Infantería en el que se emplazaba el CRI)
5.      Faustino José Svencionis (Regimiento III de Infantería en el que se emplazaba el CRI)

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS! CONDENA POR TODOS LOS COMPAÑEROS!

30 MIL COMPAÑEROS DETENIDOS- DESAPARECIDOS ¡PRESENTES!

Convocamos a todos/as los/as compañeros/as a acompañarnos. 
JUEVES 13 DE FEBRERO 9:30 HS – TRIBUNALES DE COMODORO PY

Contactos de prensa:
Guillermo Lorusso, AEDD,  15-51798041
Dra. Liliana Alaniz, APEL, 15-30136387

Justicia YA! Buenos Aires
Justicia YA!  Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.