domingo, 28 de septiembre de 2014

Boletín AEDD nro 1117: No al traslado y vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos
 Buenos Aires, Argentina
 30 años de lucha -    1984-2014                                        
                     

Comunicado de Prensa

Martín Fresneda desinforma acerca de las denuncias de vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos


Ante la contundencia de las denuncias formuladas por organismos de DDHH contra el vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, el oficialismo se encontró en la necesidad de hacer pública una serie de justificaciones falaces tras las que tratan de ocultar la voluntad de desnaturalizar el Banco e imprimirle una orientación privatizadora a su traslado.
Fresneda atribuye a “algunos medios periodísticos” la pretensión de desinformar y desprestigiar al BNDG. Así, omite señalar el eco que recogen las denuncias de organismos y referentes de derechos humanos que no comulgan con la política oficial, como son los casos de las Abuelas de Plaza de Mayo  “Chicha” Mariani, Elsa Pavón, Mirta Baravalle y las Madres de Plaza de Mayo Elia Espen y María Esther Tello,  el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos, Hijos La Plata, ¿Quiénes Somos?, Asociación Profesionales en Lucha, Colectivo Memoria Militante, entre otros.
Lejos de la pretendida “mayor jerarquía y transparencia” que atribuye Fresneda al traslado, lo que está en marcha es un desguace. La privatización del BNDG implica una completa desnaturalización del objeto para el cual fue creado.
La ley 26.548 del año 2009, lejos de “corregir la verdadera jerarquía” del BNDG,  redujo su competencia a los casos de lesa humanidad ocurridos hasta diciembre del año 1983, excluyendo los casos de apropiaciones o desaparición forzada en democracia, como los relacionados a trata de personas o adopciones ilegales y al accionar de las fuerzas de seguridad, como en los casos de Luciano Arruga y Julio López. Así, el Estado nacional incurre en una manifiesta regresión normativa en materia de derechos.
Hay una implicancia política que se desprende de esta circunstancia: se busca ocultar que en democracia ya son más de 200 los desaparecidos, 80 de ellos durante esta última década.
Fresneda refiere al supuesto apoyo que habrían contado por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, pero soslaya  mencionar que el Comité, en su oportunidad, expresó su preocupación en torno a esta cuestión: “el Comité lamenta que las disposiciones de las respectivas leyes cubren solamente a las víctimas de los sucesos ocurridos hasta diciembre de 1983 y que no existe una legislación similar para las víctimas de las desapariciones forzadas desde esa fecha”.
Esta restricción temporal se produce en beneficio de los laboratorios privados. Fresneda indica la existencia de una “Red Federal de Laboratorios Forenses”, y califica a la regresión de derechos humanos que denunciamos como un “absurdo” ya que “se confunde el banco con un laboratorio” pero esto no subsana el desamparo de aquellas personas excluidas del BNDG. Un banco de datos genéticos no es equiparable a un laboratorio, que no resguarda muestras sino que compara el ADN entre personas que se someten conjuntamente a los exámenes.
Tal es el caso de los apropiados en democracia. Sus muestras deben almacenarse para que en caso de fallecimiento sus hijos puedan continuar la búsqueda que también es parte de la lucha por su identidad. Para que madres, hermanos, abuelos puedan presentarse a comparar su muestra con la de todos los que se encuentran en la búsqueda. Una cosa es un análisis rápido para determinar filiación y otra, mucho más compleja, es resolver una apropiación.
Lo endeble de esa “Red Federal de Laboratorios Forenses”, por otro lado, se revela ante la precariedad del convenio que rige su funcionamiento, lo que no puede equipararse a la jerarquía normativa de una ley especial nacional, como la que regula el funcionamiento del BNDG
Un indicio irrebatible sobre la privatización que imprime el traspaso del BNDG a la órbita del Ejecutivo Nacional, es el hecho de que el Ministro de Ciencia, Tecnología en Innovación, Lino Barañao, sostiene a la Dra. Mariana Herrera Piñero como postulante para el cargo de Director General Técnico del banco.
La Dra. Herrera Piñero, que también participó de la Comisión Asesora para la reglamentación de la ley 26.549 en representación de los intereses de los laboratorios privados, es accionista de la sociedad anónima GENDA, cuyo objeto social compite en la ciencia de la genética forense con la labor ejercida por el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La pretensión del oficialismo es convertir al BNDG en la plataforma de un instituto de medicina genómica asociado al capital privado. Esto, fue puesto en evidencia en diciembre de 2012 cuando Hernán Dopazo, lobista de laboratorios europeos, fue nombrado responsable de coordinar el traspaso. Fue el encargado de patrocinar un convenio entre el Centro de Investigación Príncipe Felipe de España y el BNDG “para la puesta en marcha de un Instituto ARG-ESP de Medicina Genómica”. En efecto, la intención de utilizar al banco para el estudio de medicina genómica fue públicamente reconocido por las autoridades y esto fue recogido por distintos medios de comunicación.

Por eso reivindicamos la lucha por el derecho universal a la identidad, No al traslado y vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Mesa Todos X el Banco Nacional de Datos Genéticos

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