sábado, 9 de marzo de 2013

Boletin AEDD nro.947 - Justicia Federal Platense: El cementerio de las causas

La Plata, 9 de marzo de 2013

JUSTICIA FEDERAL PLATENSE
EL CEMENTERIO DE LAS CAUSAS


El proceso más grande a enjuiciarse próximamente en La Plata es la investigación por hechos del CCD “La Cacha”, uno de los más sofisticados de la dictadura en términos de coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas. Tras varias idas y vueltas del juez Blanco en la instrucción de la causa el juicio finalmente incluirá a sólo 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. Desde el espacio Justicia Ya La Plata denunciamos la instrucción de una causa que tiene de todo: fragmentación de casos, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.

En estos días en que el Poder Judicial es cuestionado exclusivamente por motivos de agenda política del oficialismo, poco escuchamos hablar sobre el estado de defección de la justicia federal, que esconde en el sepulcro del olvido la obligación del Estado de investigar y castigar todos los crímenes que su propio aparato de Terror cometió durante la última dictadura. Algo de eso ocurre con el Juzgado Federal de 1ª Instancia de La Plata, en el proceso de instrucción de la causa por el Centro Clandestino de Detención “La Cacha” que será llevado a juicio a mediados de este año. Continuando con el extendido criterio de fragmentar y estirar los procesos que tanto lucha costó para que fueran agrupados como unidad de hechos en un CCD, el tribunal a cargo del juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter que en 10 años no se cansaron de hacer desastres con la causa, en un expediente que tiene de todo: fragmentación, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.

Desde hace casi 30 años, la justicia dispone de la declaración conjunta que parte de los sobrevivientes de este CCD hicieron ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocida como CLAMOR) y donde detallaron un croquis y una descripción de las instalaciones de La Cacha con su distribución interna y una lista con los apodos de los represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.

Anuladas las leyes de impunidad en 2003, reabierta la causa en el Tribunal N°1 de Blanco y Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Sergio Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires donde tres denunciantes anónimos y ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en el CCD. Cotejado ello con los legajos penitenciarios del ‘76/’83 y lo testimonios en Juicio Por la Verdad, se citó a indagatoria al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”.

Recién en diciembre de 2009, la fiscalía hizo una descripción de los hechos y solicitó la detención de una veintena de imputados. Se comenzó entonces a imponer la división de la instrucción, contemplando sólo hechos perpetrados a lo largo del año 1977 y por sólo una porción de imputados, porque “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad” habrían aconsejado ir por partes.

Para mostrar cierta movilidad en la causa, Blanco solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional levante el secreto que protegía a la información de Inteligencia, y se imputó a 12 agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101. Las primeras detenciones, sobre 17 represores, se hicieron entre febrero y marzo de 2010. Luego, en abril de 2010, se suspendió el proceso contra Cesar Emilio Branne, por padecer “síndrome de Corea Huntington” o “Mal de San Vito”. Branne, que estaba con domiciliaria, quedó libre. En agosto de 2010 se procesó y detuvo a Rufino Batalla. En septiembre de 2010 se procesó a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda. En diciembre de 2010 se le dictó la falta de mérito a Cicciari luego de indagarlo y, único imputado del Regimiento 7, quedó libre. En octubre de 2011, se constató el fallecimiento de Negri. Y para confirmar la costumbre judicial de llegar tarde  buscar a los represores, entre febrero y marzo de 2010 se determinó como prófugos a 3 imputados en la causa con órdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (en Israel) y Miguel Angel Amigo.

En marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio en el TOF N°2, incluyendo a sólo 17 genocidas por 127 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. Blanco fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los 3 genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa.

Las imputaciones definitivas recayeron entonces sobre 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Alejandro Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg). Un total de 18 genocidas para uno de los campos más grandes de la zona represiva de La Plata. Pero el cuento no terminó allí, ya que entre mayo y septiembre de 2012 murieron impunes, gracias a la demora judicial, el coronel Arias Duval y el general Saint Jean mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”. Arias Duval era el único imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de niños, además de los secuestros y torturas, de manera que con su muerte quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata. Los nombres de ambos decesos pasaron a integrar la irreversible cifra de 320 represores muertos impunes desde la caída de las leyes de impunidad, 8 de ellos imputados en causa Cacha.

Quizás por su rol como juez electoral y penal federal, Blanco está muy ocupado en intríngulis narco-electorales como para dedicarse de lleno a una causa como la de “La Cacha”, que hace 10 años está en sus manos. Pero lo de su secretaria Ana Cotter es fuera de serie. Cuando elevaron a juicio la causa fragmentada, Justicia Ya se opuso por no estar completa la instrucción y contestó a la elevación en subsidio. En ese momento, Cotter prometió fervorosamente que iba a trabajar sobre lo que quedaba del año ‘77 y todo el año ‘78 para elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace un año. Ahora, en una reciente entrevista con Justicia Ya la Sra. secretaria aclaró que no tuvo ni tiene tiempo de hacerlo y que no lo va a hacer porque se está ocupando de otra cosa; que de todas formas debería volver a tomar testimonios para que los sobrevivientes “reconozcan” a los represores; que sin reconocimiento, incluso dijo que “al menos dos”, ella no eleva nada; y que quizás investigaría si los organismos querellantes le hacemos el trabajo.

Con estas posiciones no sólo se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de policía, penitenciarios, de la Armada y del Ejército. También se retrocede a criterios ya superados como que la medida de prueba para imputar a reconocidos represores sea exclusivamente un reconocimiento fotográfico a 37 años de los hechos y haciendo recaer la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en la víctimas.

La “sana crítica racional” o la “íntima convicción” del juez Blanco y su secretaria Cotter dejan paso a las contradicciones de un tribunal que, en distintas resoluciones de la instrucción, afirma por un lado que el reconocimiento fotográfico “ha resultado de mucha importancia en causas como la presente”, a la vez que define por otra parte que “el tabicamiento de las víctimas fue un mecanismo efectivo para evitar que los responsables fueran individualizados”.

Y aquí es donde la Justicia se transforma en inoperante e ignora descaradamente la memoria de las víctimas, y la de sus familiares que hace ya demasiado tiempo esperan reparación. Ignora descaradamente la lucha de los organismos de Derechos Humanos, a los que además, solicita que, como siempre, terminen haciendo el grueso del trabajo investigativo. Ignora descaradamente su propia responsabilidad de investigar. Ignora descaradamente a la sociedad toda que, de esta manera, termina descubriendo la calidad de los funcionarios judiciales de este tribunal de La Plata el cual, a diez años de anuladas las leyes de impunidad, no ha logrado hacer ni mínimamente su trabajo.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada.; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata


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