lunes, 25 de julio de 2011

Boletin AEDD - nro. 841


Gacetilla de Prensa

 AUDIENCIAS  EN LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS

 Semana  del  25 al 29 de julio de 2011
 ESMA

Continúan  los alegatos de las defensas

lunes 25                (defensas oficiales)
martes 26              (defensas oficiales)          
jueves 28              (defensas oficiales)
viernes 29             (defensas oficiales)
       
  Contactos de Prensa:
- Carlos Lordkipanidse (AEDD) 15 6 335 3979
- Enrique Fukman (AEDD) 15-53372868
- Patricia Walsh  (querellante)15 34547208
- Dr. Luis Bonomi (CeProDH) 15 5 0577842
- Dra. Myriam Bregman (CeProDH), 15 4 170 2398

 

martes, 19 de julio de 2011

Boletin AEDD - Nro. 840


19 de julio de 2011
 Comunicado de Prensa
En los últimos días amanecimos con la noticia de que no hay elementos contundentes, de acuerdo a lo analizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que indiquen Marcela y Felipe Noble Herrera sean hijos de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos. Aunque todavía falta una instancia de prueba que será la definitiva,  el grupo Clarín disparó desde sus múltiples medios contra la lucha por los derechos humanos. 

Ya no hay quien dude, aunque en algunos tribunales se sigan negando a llamar las cosas por su nombre, que la dictadura perpetró un genocidio en la Argentina, que pretendía romper con cualquier lazo fraterno y solidario. Una de las formas que adquirió ese genocidio fue la del robo sistemático de los hijos de nuestros compañeros. Cerca de 500 bebés fueron arrancados de los brazos de nuestras compañeras detenidas. Más de 300 siguen portando la identidad que sus apropiadores les asignaron, siguen sin saber por qué luchaban sus padres, qué sueños tenían para ellos.

Marcela y Felipe pueden ser los hijos de nuestros compañeros. Semanas atrás, después de una década de dilaciones y tras un abrupto cambio de postura, se hicieron los análisis para ver si efectivamente lo eran. Los resultados se cruzaron con dos familias que se esperanzaban con encontrar a los bebés- hoy hombres y mujeres- que buscaron durante años y años. La segunda parte de la evaluación concluyó la semana pasada y no aportó pruebas concluyentes. Habrá que esperar hasta que termine la feria judicial y, quizás, más también para que el peritaje continúe. Lo que no dicen los medios de la Señora Ernestina Herrera de Noble- que tanto supo codearse y fotografiarse con los genocidas que secuestraban, torturaban, asesinaban, desaparecían a nuestros compañeros y  también les robaban los hijos- es que en el BNDG no están los datos de las 500 familias que buscan a los chicos, que hay poco más de la mitad; que inclusive había muchas familias que, debido a la clandestinidad a que nos habían impuesto los genocidas para cuidar la vida, no sabían que sus hijos estaban en pareja o esperaban un bebé o que hay familias que no pueden dar su ADN porque fueron totalmente masacradas, excepto el bebé apropiado. ¿A qué se debe que estemos en esta situación? A que durante décadas el Estado no hizo lo que debe hacer. No procuró identificar a los chicos y tampoco abrió los archivos. No lo hicieron tampoco Néstor Kirchner ni Cristina Fernández de Kirchner, que siguen cuidando los secretos bien guardados de los genocidas, aunque muchos de los funcionarios del actual gobierno se llenen la boca hablando de los derechos humanos y pretendan hacernos creer que debemos agradecerles a ellos que un puñado de los represores se estén sentando en el banquillo de los acusados por algunos de sus tantos crímenes. Permítannos recordárselos nuevamente: Si hay alguien que tiene el mérito de estar metiendo en la cárcel a los genocidas es este pueblo que luchó contra la impunidad que los gobiernos democráticos les granjearon.

 Mientras el multimedio que en los años de plomo se ocupaba prolijamente de obviar las denuncias de la masacre y alababa a la dictadura se empecina para juntar el “caso Noble Herrera” con las denuncias contra “Sueños compartidos” de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para desprestigiar la lucha por la memoria, la verdad y la justicia,  Nosotros respondemos lo mismo que dijimos semanas atrás. Sólo la independencia del Estado puede hacer que los organismos de derechos humanos cumplamos con la tarea a la que nos comprometimos con nuestro pueblo: impedir los atropellos que desde los aparatos estatales se cometen y se permiten.  Esa coherencia es la que nos permite seguir reclamándole al Estado que abra los archivos para que podamos encontrar a los hijos que buscamos y para que podamos cumplir con la promesa que les hicimos a los 30 mil compañeros detenidos- desaparecidos: Que no pararíamos hasta que todos los genocidas y sus cómplices estén en donde tienen que estar: EN LA CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA.

Condena a todos los genocidas,  Justicia para todos los compañeros
  Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

martes, 12 de julio de 2011

Boletin AEDD nro.839. Sentencia por Vesubio - 14/7


Gacetilla de Prensa

14/7: SENTENCIA POR VESUBIO

El próximo jueves 14 a las 16 se conocerá la sentencia contra siete de los represores que actuaron en el centro clandestino de detención, tortura y muerte conocido como "El Vesubio".

Convocamos a todas las organizaciones y a todos los compañeros a movilizarse hasta los Tribunales de Comodoro Py para acompañarnos en el reclamo de condena en cárcel común y efectiva a todos los genocidas.
  
Desde las 17 transmitiendo en vivo la sentencia por Vesubio:

www.laretaguardia.com.ar y transmisión televisiva por Canal 7 TV Pública
El centro clandestino de detención
El campo de concentración ubicado entre el Camino de Cintura y la Autopista Riccheri empezó a funcionar en agosto de 1975, más de seis meses antes del golpe genocida del 24 de marzo de 1976. En ese momento, lo llamaban “La Ponderosa”.  Después de que los militares se hicieran con el control del aparato estatal, se lo empezó a designar “El Vesubio”.  
Según estimaciones de sus sobrevivientes, por ese campo de concentración habrían pasado cerca de 2500 personas para ser, en su gran mayoría, desaparecidas. Los escritores Haroldo Conti y Héctor Germán Oesterheld se cuentan entre las víctimas de Vesubio, así como el cineasta Raimundo Gleyzer.
Un terreno poblado de eucaliptos daba la macabra bienvenida al Vesubio. La represión que se ejercía en ese centro clandestino se dividía en tres casas. La “casa 1” era donde residía el jefe del campo. La “casa 2” o también llamada enfermería era la que concentraba las salas de torturas mientras que la “casa 3” era la que servía para mantener secuestrados a la mayoría de los detenidos: los hombres en una sala y las mujeres en otra. También había una pileta de natación, vestigio de los tiempos en que el Vesubio servía como centro de recreación para el Servicio Penitenciario Federal (SPF).  Desde el 24 de marzo de 1976, el centro clandestino quedó bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército a cargo del genocida Carlos Guillermo Suárez Mason.
El primer jefe de ese centro clandestino fue el prefecto Alberto Neuendorf (alias Neuman o El Alemán). Después le siguió el mayor Pedro Durán Sáenz (Delta), recientemente fallecido impune, y más tarde, el coronel retirado Gustavo Cacivio (El Francés, identificado el año pasado y que por lo tanto quedó fuera de este proceso). El Vesubio funcionó hasta 1978. Ante la proximidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los represores demolieron las instalaciones. Intentaban borrar las pruebas de los secuestros, las torturas, las violaciones, los asesinatos y las desapariciones allí perpetradas.
 La Causa
En 1983, un grupo de sobrevivientes denunció la existencia de este campo de concentración. Así fue como se abrió la causa 1800 en el Juzgado Penal N°7 de Morón, a cargo de Alfredo Ruíz Paz. Ese mismo año se realizaron varias inspecciones oculares. La causa quedó paralizada desde que sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tras los años de lucha que posibilitaron su anulación en 2003, la investigación se reactivó. En julio de 2008, el juez Daniel Rafecas elevó a juicio a sólo ocho de los tantos genocidas que operaron en El Vesubio por sólo 156 casos de los miles de compañeros/as que pasaron por ese campo de tortura y muerte, repitiendo una táctica habitual en los juzgados argentinos: desguazar las causas para de esta forma desdibujar la magnitud que tuvo el genocidio en nuestro país.
En febrero del año pasado, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal (TOF) 4 comenzó a juzgar a estos represores:
-         Héctor Humberto Gamen, 84 años, general de brigada retirado.  Era segundo comandante de la Brigada de Infantería.  Imputado por 76 privaciones ilegales de la libertad (PIL) y tormentos así como por 16 homicidios.
-         Hugo Idelbrando Pascarelli, 81 años, coronel retirado.  Era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio.  Imputado por 15 PIL y tormentos así como por 2 homicidios.
-         Pedro Alberto Durán Sáenz, 75 años, oficial de inteligencia de la Brigada.  Era el jefe del centro clandestino.  Se hacía llamar “Delta”.  Imputado por 63 PIL y tormentos así como por 14 homicidios. MURIÓ IMPUNE ESTE AÑO durante el transcurso del debate.
-         Ramón Antonio Erlán, 65 años, penitenciario (R), alias “Pancho”.  Imputado por 140 PIL y tormentos.
-         José Néstor Maidana, 59 años, penitenciario (R),  alias “el Paraguayo”.  Imputado por 85 PIL y tormentos.
-         Roberto Carlos Zeoliti, 63 años, ex penitenciario, alias “Sapo”.  Imputado por 156 PIL y tormentos.
-         Diego Salvador Chemes, 57 años, ex penitenciario, alias “Polaco”.  Imputado por 156 PIL y tormentos.
-         Ricardo Néstor Martínez, ex penitenciario, alias “Pájaro”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
Sólo los penitenciaros están encarcelados mientras que los jefes del Vesubio llegaron a cada una de las audiencias en libertad.
Exigimos
En sus alegatos de abril, el colectivo Justicia YA! reclamó a los jueces del TOF 4 que reconozcan que en Argentina se perpetró un genocidio y que condenen por tal a sus ejecutores. La querella solicitó una pena de prisión perpetua para Pascarelli y Gamen y de 25 años para Erlán, Maidana, Zeoliti, Chemes y Martínez. También se exigió que todos los genocidas cumplan su condena en el lugar donde deben estar: en la cárcel común y efectiva. La desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López deja en claro que las víctimas y todos los interesados en hacer justicia sólo podemos estar seguros si los genocidas están tras las rejas. El compañero Roberto Cristina, desaparecido en El Vesubio, les dijo a sus torturadores que iban a pagar lo que estaban haciendo. Para honrar su memoria y la de los 30 mil, estaremos el próximo jueves 14de julio exigiendo: JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS.
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡PRESENTES! AHORA Y SIEMPRE!

Boletin AEDD - NRO. 838- dirigente sindical trabajó para la dictadura

Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
 Buenos Aires, Argentina

DENUNCIAN A GERARDO MARTINEZ, SECRETARIO GENERAL DE LA UOCRA COMO PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA DURANTE LA ULTIMA DICTADURA
GACETILLA DE PRENSA
Martes 12 de julio de 2011 - Organismos de Derechos Humanos, organizaciones de trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC) realizaron presentación judicial para denunciar al dirigente sindical Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, que cumplió funciones de inteligencia en el Batallón 601 durante la última dictadura genocida.
La presentación judicial se realizó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002. Con el patrocinio de los Dres. María del Carmen Verdú, Ismael Jalil y Lucas Balbiano, de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), de Luis Bonomi de CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), y de Martín Alderete de CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo); se presentaron como DENUNCIANTES las siguientes organizaciones: SITRAIC (Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines); AEDD (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos); Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), LIBERPUEBLO; Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA); Movimiento Territorial Liberación; Central de Trabajadores de la Argentina (CTA);  Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA); Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad; Colectivo Popular por los Derechos Humanos del Movimiento Popular La Dignidad.
En el escrito se denunció que Gerardo Alberto Martínez, DNI 11.934.882, actual Secretario General de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción ) y Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, figura en el listado del Personal Civil de Inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 en el período 1976/1983.
El batallón 601 realizaba tareas de inteligencia sobre diversas organizaciones populares y por debajo de su estructura, existía la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo “Grupos de Tareas” periféricos. La información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón, desde donde se organizaban y se implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas secuestradas a torturas durante los “interrogatorios”.
Bajo la dictadura -y también desde tiempos previos- el Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas “subversivas”, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.

Diversos centros clandestinos de detención estaban directamente bajo su autoridad, el principal de ellos en Campo de Mayo, donde se estima que se hicieron desaparecer no menos de 3.000 personas.

 En el sitio de Internet del Archivo Nacional de la Memoria , dependiente de la Secretaría de DDHH – Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación , se encuentra el listado titulado “NÓMINA DEL PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA QUE REVISTO EN EL PERIODO 1976/1983” que el General de Brigada César Gerardo Milani, Director General de Inteligencia-EMGE, envió a la entonces Ministra de Defensa Nilda Garré el 5 de febrero de 2010.
En dicho listado a foja 52, con el nº de orden 2.798, se encuentra el nombre de Martínez, Gerardo Alberto, DNI 11.934.882.

 Ninguna duda cabe de que se trata de la misma persona que hoy revista como Secretario General de la UOCRA , Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y Presidente de la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores. Las partes adjuntaron documentación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, obtenida de la página web de la Fundación UOCRA, donde Martínez figura como Presidente, con su número de documento, coincidente con los datos denunciados.

Por otra parte, como antecedentes inmediatos de esta investigación es importante tener en cuenta que:
 1) En la provincia de Santa Fe se condenó recientemente a 15 años de prisión, por su participación en el secuestro y torturas de José Alberto Tur, dirigente de CTERA y su esposa Amelia Ricotti, a Horacio Américo Barcos. Barcos fue designado, en 1996, por Gerardo Martínez, Interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA, luego de haber estado aproximadamente 20 años en la UOCRA de la Provincia de Santa Fe. Barcos figura como Personal Civil de Inteligencia (PCI) perteneciente al Batallón de Inteligencia Militar 122 desde el 1 de enero de 1976 hasta el 1º de mayo de 1997, desde donde se infiltró en la UOCRA Santa Fe.
Del mismo modo fue probada la pertenencia al aparato de inteligencia de Eduardo Juan Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe por lo menos hasta 2009, quien figura como Personal Civil de Inteligencia (PCI) perteneciente al Batallón de Inteligencia Militar 122. Cabe aclarar que el Batallón de Inteligencia 122 era el homónimo del Batallón de Inteligencia 601 en la Provincia de Santa Fé, y tenía relación orgánica con éste dentro de la estructura represiva de inteligencia.
2) La constante intervención del aparato sindical dirigido por Gerardo Martínez en la ejecución de hechos represivos al servicio del actual gobierno, lo que comprueba la continuidad de su accionar como agente paraoficial del aparato represivo estatal.
Los grupos de choque de la UOCRA , han actuado en los años recientes en materia de “tercerización de la represión”, continuando así, en el tiempo, la tarea iniciada como parte del aparato represivo de la dictadura. Sólo como muestra recordamos algunos hechos de los últimos años:
·        En septiembre de 2005, grupos de choque callejeros de la UOCRA llegaron a Esquel, para amenazar a los integrantes de la Asamblea Vecinal que sostenía el No a la Mina ; patoteros de la UOCRA fueron los que en mayo de 2004 atacaron a los manifestantes antigubernamentales en San Luis, y también los que, en abril de 2006, atacaron a los docentes neuquinos que bloqueaban el acceso a la destilería de Repsol-YPF en Plaza Huincul. Los sindicalistas oficiales sacaron por la fuerza, a pedradas y empujones, a los docentes movilizados. Hubo cuatro docentes heridos.
·        El 28 de octubre de 2010, una patota de la UOCRA de Santa Cruz atacó a militantes que se manifestaban en las puertas del sindicato de Comercio de Río Gallegos. Actuando con completa impunidad, identificada con sus colores y banderas, la fuerza de choque ocasionó graves lesiones a dos militantes del Partido Obrero, Luis Díaz y Jonathan Amerio, que debieron ser atendidos en el Hospital local.
·        El 15/11/2010, en San Pedro, Pcia. de Buenos Aires, la patota de la UOCRA impidió, a los tiros, la sesión del Concejo Deliberante.
·        El martes 12 de abril de 2011, en la provincia de Santa Cruz, trabajadores de la salud nucleados en ATE y docentes afiliados a ADOSAC, llevaban adelante una jornada de movilización por mejoras salariales, cuando un grupo de matones de la UOCRA los atacó, con el saldo de 17 heridos.
 Al presentar la denuncia, las partes solicitaron que se ordene la formación de un sumario y se ordene la producción de la prueba necesaria a fin de determinar si, tal como se acreditó, la persona cuyo nombre y documento del personal civil de inteligencia que se encuentra a fojas 52, nº de orden 2.798 de la “NOMINA DEL PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA QUE REVISTO EN EL PERIODO 1976/1983” es la misma persona que revista actualmente como Secretario General de la UOCRA , Presidente de la Fundación UOCRA y Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT.
 Asimismo se solicitó se determine hasta qué fecha se desempeñó en dicho organismo de inteligencia, qué tareas le fueron encomendadas -como PCI- por sus superiores en la estructura represiva; y estando acreditada la desaparición forzada, conforme el listado de la CONADEP , de 105 trabajadores de la construcción, se determine el rol jugado por el agente civil de inteligencia Gerardo Alberto Martínez en cada uno de esos hechos.
Las organizaciones SITRAIC (Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines); AEDD (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos); y Liga Argentina por los Derechos del Hombre solicitaron ser tenidas como partes QUERELLANTES en la causa, y se espera contar con la adhesión y el apoyo de otras organizaciones de trabajadores, organismos de derechos humanos, y familiares de desaparecidos de la construcción.
 Contactos de prensa:
 SITRAIC 4245-0548
AEDD 15-5337-2868
LADH 15-4156-7877

domingo, 10 de julio de 2011

Boletin AEDD - NRO. 836


Gacetilla de Prensa
 AUDIENCIAS  EN LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS - Semana  del  11 al 15 julio de 2011
 ESMA
 Comienzan los alegatos de las defensas

jueves 14              ( defensa Coronel)
lunes 25                (defensas oficiales)
martes 26              (defensas oficiales)         
jueves 28              (defensas oficiales)
viernes 29             (defensas oficiales)
       
  Contactos de Prensa:
- Carlos Lordkipanidse (AEDD) 15 6 335 3979
- Enrique Fukman (AEDD) 15-53372868
- Patricia Walsh  (querellante)15 34547208
- Dr. Luis Bonomi (CeProDH) 15 5 0577842
- Dra. Myriam Bregman (CeProDH), 15 4 170 2398

VESUBIO
martes 12/7, 10.30 hs: últimas palabras de los procesados Zeolitti y Chemes
jueves 14/7, 10.30 hs: últimas palabras de los procesados Martínez, Maidana y Erlan.


14/7 a las 16.00 horas

 SENTENCIA POR VESUBIO

Convocamos a todas las organizaciones y a todos los compañeros a movilizarse hasta los Tribunales de Comodoro Py para acompañarnos en el reclamo de condena en cárcel común y efectiva a todos los genocidas.

El centro clandestino de detención
El campo de concentración ubicado entre el Camino de Cintura y la Autopista Riccheri empezó a funcionar en agosto de 1975, más de seis meses antes del golpe genocida del 24 de marzo de 1976. En ese momento, lo llamaban “La Ponderosa”.  Después de que los militares se hicieran con el control del aparato estatal, se lo empezó a designar “El Vesubio”.  
Según estimaciones de sus sobrevivientes, por ese campo de concentración habrían pasado cerca de 2500 personas para ser, en su gran mayoría, desaparecidas. Los escritores Haroldo Conti y Héctor Germán Oesterheld se cuentan entre las víctimas de Vesubio, así como el cineasta Raimundo Gleyzer.
Un terreno poblado de eucaliptos daba la macabra bienvenida al Vesubio. La represión que se ejercía en ese centro clandestino se dividía en tres casas. La “casa 1” era donde residía el jefe del campo. La “casa 2” o también llamada enfermería era la que concentraba las salas de torturas mientras que la “casa 3” era la que servía para mantener secuestrados a la mayoría de los detenidos: los hombres en una sala y las mujeres en otra. También había una pileta de natación, vestigio de los tiempos en que el Vesubio servía como centro de recreación para el Servicio Penitenciario Federal (SPF).  Desde el 24 de marzo de 1976, el centro clandestino quedó bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército a cargo del genocida Carlos Guillermo Suárez Mason.
El primer jefe de ese centro clandestino fue el prefecto Alberto Neuendorf (alias Neuman o El Alemán). Después le siguió el mayor Pedro Durán Sáenz (Delta), recientemente fallecido impune, y más tarde, el coronel retirado Gustavo Cacivio (El Francés, identificado el año pasado y que por lo tanto quedó fuera de este proceso). El Vesubio funcionó hasta 1978. Ante la proximidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los represores demolieron las instalaciones. Intentaban borrar las pruebas de los secuestros, las torturas, las violaciones, los asesinatos y las desapariciones allí perpetradas.
 La Causa
En 1983, un grupo de sobrevivientes denunció la existencia de este campo de concentración. Así fue como se abrió la causa 1800 en el Juzgado Penal N°7 de Morón, a cargo de Alfredo Ruíz Paz. Ese mismo año se realizaron varias inspecciones oculares. La causa quedó paralizada desde que sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tras los años de lucha que posibilitaron su anulación en 2003, la investigación se reactivó. En julio de 2008, el juez Daniel Rafecas elevó a juicio a sólo ocho de los tantos genocidas que operaron en El Vesubio por sólo 156 casos de los miles de compañeros/as que pasaron por ese campo de tortura y muerte, repitiendo una táctica habitual en los juzgados argentinos: desguazar las causas para de esta forma desdibujar la magnitud que tuvo el genocidio en nuestro país.
En febrero del año pasado, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal (TOF) 4 comenzó a juzgar a estos represores:
-         Héctor Humberto Gamen, 84 años, general de brigada retirado.  Era segundo comandante de la Brigada de Infantería.  Imputado por 76 privaciones ilegales de la libertad (PIL) y tormentos así como por 16 homicidios.
-         Hugo Idelbrando Pascarelli, 81 años, coronel retirado.  Era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio.  Imputado por 15 PIL y tormentos así como por 2 homicidios.
-         Pedro Alberto Durán Sáenz, 75 años, oficial de inteligencia de la Brigada.  Era el jefe del centro clandestino.  Se hacía llamar “Delta”.  Imputado por 63 PIL y tormentos así como por 14 homicidios. MURIÓ IMPUNE ESTE AÑO durante el transcurso del debate.
-         Ramón Antonio Erlán, 65 años, penitenciario (R), alias “Pancho”.  Imputado por 140 PIL y tormentos.
-         José Néstor Maidana, 59 años, penitenciario (R),  alias “el Paraguayo”.  Imputado por 85 PIL y tormentos.
-         Roberto Carlos Zeoliti, 63 años, ex penitenciario, alias “Sapo”.  Imputado por 156 PIL y tormentos.
-         Diego Salvador Chemes, 57 años, ex penitenciario, alias “Polaco”.  Imputado por 156 PIL y tormentos.
-         Ricardo Néstor Martínez, ex penitenciario, alias “Pájaro”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
Sólo los penitenciaros están encarcelados mientras que los jefes del Vesubio llegaron a cada una de las audiencias en libertad.

Exigimos
En sus alegatos de abril, el colectivo Justicia YA! reclamó a los jueces del TOF 4 que reconozcan que en Argentina se perpetró un genocidio y que condenen por tal a sus ejecutores. La querella solicitó una pena de prisión perpetua para Pascarelli y Gamen y de 25 años para Erlán, Maidana, Zeoliti, Chemes y Martínez. También se exigió que todos los genocidas cumplan su condena en el lugar donde deben estar: en la cárcel común y efectiva. La desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López deja en claro que las víctimas y todos los interesados en hacer justicia sólo podemos estar seguros si los genocidas están tras las rejas. El compañero Roberto Cristina, desaparecido en El Vesubio, les dijo a sus torturadores que iban a pagar lo que estaban haciendo. Para honrar su memoria y la de los 30 mil, estaremos el próximo jueves 14de julio exigiendo: JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS.

30000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡PRESENTES!
AHORA Y SIEMPRE!
 
      Contactos de prensa:
- Guillermo Lorusso, AEDD,  15- 5179- 8041  - Dra. Liliana Mazea 15-5816-9178 -  - Dra. Sabrina Dentone (LADH) 15 4936 2704

Boletin AEDD NRO. 835

Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
 Buenos Aires, Argentina

Denunciamos una amenaza a Ezequiel Monteros, miembro del Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán (GIGET).

El sábado 2 de julio se realizó la presentación del documental sobre el Operativo Independencia “Famaillá. Historias de surcos y luchas” en la localidad de Famaillá, Tucumán. Al día siguiente, Ezequiel Monteros, miembro del GIGET y director del documental, recibió un mensaje de texto claramente amenazador que hacía referencia al contenido del documental. Este hecho fue denunciado ante la justicia de Tucumán.

Este tipo de prácticas, que son producto de la impunidad, intentan frenar los procesos de lucha por Memoria, Verdad y Justicia que son llevados adelante por amplios sectores de la sociedad.

Hechos como éste, que se repiten a lo largo y a lo ancho del país, no hacen más que fortalecer la convicción sobre la necesidad de continuar la lucha por juicio y castigo en cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables del genocidio. El fin de la impunidad es la única garantía para la seguridad de luchadores, trabajadores, investigadores, y todas aquellas personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos.

Desde el GIGET exigimos el inmediato esclarecimiento de éste hecho y el castigo a los responsables.

GIGET – Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán
AEDD – Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

--
GIGET
Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán
http://giget-tucuman.blogspot.com/

jueves, 7 de julio de 2011

Boletín AEDD - nro.834 14/7: SENTENCIA POR VESUBIO

Gacetilla de Prensa
14/7: SENTENCIA POR VESUBIO

El próximo jueves 14 a las 16 se conocerá la sentencia contra siete de los represores que actuaron en el centro clandestino de detención, tortura y muerte conocido como "El Vesubio". Convocamos a todas las organizaciones y a todos los compañeros a movilizarse hasta los Tribunales de Comodoro Py para acompañarnos en el reclamo de condena en cárcel común y efectiva a todos los genocidas.

El centro clandestino de detención
El campo de concentración ubicado entre el Camino de Cintura y la Autopista Riccheri empezó a funcionar en agosto de 1975, más de seis meses antes del golpe genocida del 24 de marzo de 1976. En ese momento, lo llamaban “La Ponderosa”.  Después de que los militares se hicieran con el control del aparato estatal, se lo empezó a designar “El Vesubio”.  
Según estimaciones de sus sobrevivientes, por ese campo de concentración habrían pasado cerca de 2500 personas para ser, en su gran mayoría, desaparecidas. Los escritores Haroldo Conti y Héctor Germán Oesterheld se cuentan entre las víctimas de Vesubio, así como el cineasta Raimundo Gleyzer.
Un terreno poblado de eucaliptos daba la macabra bienvenida al Vesubio. La represión que se ejercía en ese centro clandestino se dividía en tres casas. La “casa 1” era donde residía el jefe del campo. La “casa 2” o también llamada enfermería era la que concentraba las salas de torturas mientras que la “casa 3” era la que servía para mantener secuestrados a la mayoría de los detenidos: los hombres en una sala y las mujeres en otra. También había una pileta de natación, vestigio de los tiempos en que el Vesubio servía como centro de recreación para el Servicio Penitenciario Federal (SPF).  Desde el 24 de marzo de 1976, el centro clandestino quedó bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército a cargo del genocida Carlos Guillermo Suárez Mason.
El primer jefe de ese centro clandestino fue el prefecto Alberto Neuendorf (alias Neuman o El Alemán). Después le siguió el mayor Pedro Durán Sáenz (Delta), recientemente fallecido impune, y más tarde, el coronel retirado Gustavo Cacivio (El Francés, identificado el año pasado y que por lo tanto quedó fuera de este proceso). El Vesubio funcionó hasta 1978. Ante la proximidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los represores demolieron las instalaciones. Intentaban borrar las pruebas de los secuestros, las torturas, las violaciones, los asesinatos y las desapariciones allí perpetradas.

La Causa
En 1983, un grupo de sobrevivientes denunció la existencia de este campo de concentración. Así fue como se abrió la causa 1800 en el Juzgado Penal N°7 de Morón, a cargo de Alfredo Ruíz Paz. Ese mismo año se realizaron varias inspecciones oculares. La causa quedó paralizada desde que sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tras los años de lucha que posibilitaron su anulación en 2003, la investigación se reactivó. En julio de 2008, el juez Daniel Rafecas elevó a juicio a sólo ocho de los tantos genocidas que operaron en El Vesubio por sólo 156 casos de los miles de compañeros/as que pasaron por ese campo de tortura y muerte, repitiendo una táctica habitual en los juzgados argentinos: desguazar las causas para de esta forma desdibujar la magnitud que tuvo el genocidio en nuestro país.
En febrero del año pasado, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal (TOF) 4 comenzó a juzgar a estos represores:
-         Héctor Humberto Gamen, 84 años, general de brigada retirado.  Era segundo comandante de la Brigada de Infantería.  Imputado por 76 privaciones ilegales de la libertad (PIL) y tormentos así como por 16 homicidios.
-         Hugo Idelbrando Pascarelli, 81 años, coronel retirado.  Era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio.  Imputado por 15 PIL y tormentos así como por 2 homicidios.
-         Pedro Alberto Durán Sáenz, 75 años, oficial de inteligencia de la Brigada.  Era el jefe del centro clandestino.  Se hacía llamar “Delta”.  Imputado por 63 PIL y tormentos así como por 14 homicidios. MURIÓ IMPUNE ESTE AÑO durante el transcurso del debate.
-         Ramón Antonio Erlán, 65 años, penitenciario (R), alias “Pancho”.  Imputado por 140 PIL y tormentos.
-         José Néstor Maidana, 59 años, penitenciario (R),  alias “el Paraguayo”.  Imputado por 85 PIL y tormentos.
-         Roberto Carlos Zeoliti, 63 años, ex penitenciario, alias “Sapo”.  Imputado por 156 PIL y tormentos.
-         Diego Salvador Chemes, 57 años, ex penitenciario, alias “Polaco”.  Imputado por 156 PIL y tormentos.
-         Ricardo Néstor Martínez, ex penitenciario, alias “Pájaro”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
Sólo los penitenciaros están encarcelados mientras que los jefes del Vesubio llegaron a cada una de las audiencias en libertad.

Exigimos
En sus alegatos de abril, el colectivo Justicia YA! reclamó a los jueces del TOF 4 que reconozcan que en Argentina se perpetró un genocidio y que condenen por tal a sus ejecutores. La querella solicitó una pena de prisión perpetua para Pascarelli y Gamen y de 25 años para Erlán, Maidana, Zeoliti, Chemes y Martínez. También se exigió que todos los genocidas cumplan su condena en el lugar donde deben estar: en la cárcel común y efectiva. La desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López deja en claro que las víctimas y todos los interesados en hacer justicia sólo podemos estar seguros si los genocidas están tras las rejas. El compañero Roberto Cristina, desaparecido en El Vesubio, les dijo a sus torturadores que iban a pagar lo que estaban haciendo. Para honrar su memoria y la de los 30 mil, estaremos el próximo jueves 14de julio exigiendo: JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS.

30000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡PRESENTES!
AHORA Y SIEMPRE!


          Contactos de Prensa:
- Guillermo Lorusso, AEDD,  15- 5179- 8041
- Dra. Liliana Mazea, FIDELA, 15-5816-9178
- Dra. Sabrina Dentone (LADH) 15 4936 2704

lunes, 4 de julio de 2011

Boletin AEDD - Nro. 833



Gacetilla de Prensa
AUDIENCIAS EN LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS
 VESUBIO
Martes 5 de julio

10.30 horas: primera audiencia de últimas palabras  de los genocidas antes de la sentencia
   
Contactos de prensa:
- Guillermo Lorusso, AEDD,  15- 5179- 8041 - - Dra. Liliana Mazea 15-5816-9178 -  -Dra. Sabrina Dentone (LADH) 15 4936 2704