miércoles, 22 de abril de 2009

Boletín Electrónico de noticias y actividades de la AEDD nro 515

JUSTICIA YA! AMORDAZADA

Alrededor de 100 personas se amordazaron hoy como protesta por el fallo de la Corte Suprema que ratifica que el colectivo de querellantes Justicia YA! no tendrá derecho a estar representado por sus propios abogados en los juicios contra los genocidas que se sustancien de aquí en adelante en la Capital Federal.

En la escalinata del Palacio de Tribunales que da sobre la calle Talcahuano escucharon el documento elaborado por Justicia YA! para difundir su reclamo. Posteriormente caminaron -siempre amordazados- hasta la sede del Consejo de la Magistratura entregando copias del documento a los transeúntes.

Allí el Presidente del Consejo Dr. Luis María Bunge Campos, acompañado por otros tres Consejeros, recibió a una numerosa delegación integrada por representantes de AEDD, CeProDH, Liberpueblo, APEL, LADH, IRE, Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina, Unión por los DH La Plata, CAJ y Madres LF.

En primer lugar entregaron la denuncia que se adjunta en la que se pide la destitución del TOF 5 por haber discriminado a Justicia YA! por razones políticas y recordaron que esta es la segunda vez que esas mismas organizaciones piden la destitución del TOF 5. Efectivamente en diciembre de 2007 fue la primera, motivada en que el TOF 5 se negó a cambiar el lugar de detención del Prefecto Febrés y éste fue finalmente asesinado con cianuro tres días antes de escuchar la sentencia.

La Dra. Myriam Bregman del CeProDH manifestó que el único resultado de esa denuncia fue la necesidad de presentar esta segunda ya que el Consejo de la Magistratura la desestimó y en cambio, el TOF 5 comenzó el proceso de proscripción de Justicia YA! Los sobrevivientes presentes reclamaron su derecho a tener voz en los juicios por los que tanto lucharon y Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresó su apoyo al reclamo de Justicia YA! con un emotivo reconocimiento a la valentía y la constancia de los sobrevivientes de los campos de concentración para conseguir justicia.

El Dr. Bunge Campos se comprometió a prestar toda la atención necesaria al pedido.

Buenos Aires, 20 de abril de 2009

JUSTICIA YA!

Contactos de prensa: AEDD 15 4430 3569 / CeProDH 15 4170 2398

Sres.

Consejo de la Magistratura de la Nación

Los abajo firmantes venimos a denunciar frente a este organismo la proscripción de los querellantes en causas por delitos de lesa humanidad que integran el Colectivo Justicia Ya!. A efectos de esta presentación constituimos domicilio en Corrientes 1785, 2do C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Tribunal Oral Federal Nº 5 ha negado sistemáticamente a los querellantes que integran este colectivo –sean organizaciones o víctimas directas- la posibilidad de participar, acusar y alegar a través de abogados propios, en todos los juicios orales contra los genocidas que se sustancien en el futuro en la Capital Federal. Esto ha ocurrido en todos los tramos parciales sucesivamente escindidos de la causa ESMA y denominados ‘Testimonios A’, ‘Donda’, ‘Walsh’, y ‘Santa Cruz’ (Causas número 1277, 1270, 1271, y 1278 respectivamente, del registro del TOF N° 5). Ha hecho lo propio en dos tramos de la causa Primer Cuerpo ‘Atlético-Banco- Olimpo’ y ‘Vesubio’ y en el siguiente tramo de la ESMA, Causa nº 1282 ‘Rioja, Francisco y otros’, ya adelantó que aplicará el mismo criterio al resolver sobre la unificación.

Entendemos que de ninguna manera esta decisión se motiva en argumentos “de organización del proceso”. La proscripción que denunciamos tiene consecuencias directas, inmediatas y con efectos de largo alcance: ya no se exigirá que se condene a los genocidas por lo que son, por haber cometido un genocidio.

Es por ello que venimos a exigir se someta a proceso de destitución a los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 5 de esta ciudad, Dres. Gordo, Farías y Obligado, así como que este Consejo tome las medidas necesarias para deslindar las correspondientes responsabilidades en la discriminació n por motivos políticos de la que somos objeto.

Motiva la reiteración de la denuncia ya efectuada, el hecho que recientemente ha tomado estado público que a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que también se proponía a acusar por genocidio a los represores que serán juzgados en la etapa de la causa ESMA que es llevada a juicio oral, le fue negada una cabeza de querella, es decir toda posibilidad de representació n y acusación autónoma.

Partimos de dejar sentado que no encontramos casual que de un momento para otro estos querellantes hayan sido apartados de las cabezas de querella: ello ocurrió a partir de la denuncia que del Tribunal Oral Federal Nº 5 realizaron ante este Consejo de la Magistratura por la responsabilidad que le cabe en el asesinato con cianuro del Prefecto Héctor Antonio Febrés.

Justicia Ya! no dejó de cuestionar la decisión recurrida en cuanta instancia el sistema judicial permite e incluso se propone acudir a las instancias jurisdiccionales internacionales. Pero debemos denunciar que cuando se toma una decisión de este tipo, evidentemente, no se aceptan fisuras.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de ratificar la resolución del TOF Nº 5 por la cual se niega la posibilidad de participar del juicio oral y con abogados propios que realicen la acusación que viene hasta el momento haciendo solamente este colectivo. Aunque este fallo se refiere sólo al tramo en que se investiga el secuestro de Rodolfo Walsh, los fundamentos indican que los fallos venideros, respecto del resto de la causa ESMA y de toda la del Primer Cuerpo, tendrán la misma suerte.

Sencillamente bajo argumentos generales, que no compartimos por falaces, se le impone la representació n de otros abogados que difieren en su estrategia con la de este colectivo. Una resolución que nace viciada es convalidada por instancias superiores agravando la exclusión discriminatoria que contiene desde su origen.

Se proscribe a este colectivo y se lo hace bajo el tramposo argumento de que nuestro pedido retarda los juicios. Ello, en una resolución en que no dice una palabra de los años en que rigió la obediencia debida, el punto final, los indultos, las chicanas procesales de los genocidas, los “ritmos” de la Cámara de Casación en resolver el recurso de “Scheller”, etc.

Una vez más, el “problema” somos los querellantes, es decir: las víctimas que cuestionamos la impunidad.

Afirmamos categóricamente: ni este juicio oral ni ningún otro se ha atrasado siquiera un día por haber reclamado –como colectivo de querellantes con posiciones político-jurídicas distintas a los demás- el legítimo derecho a tener abogados que los representen en los debates.

A su vez, es de destacar que el elemental derecho que nos asiste a participar del debate oral ha sido reconocido y defendido por todos los querellantes de la causa ESMA a quienes sí se les dio la posibilidad de tener abogados propios, es decir los abogados que representen su particular interés. Específicamente por Patricia Walsh y su abogado Marcelo Parrilli quienes suscribieron un pronunciamiento en ese sentido dirigido a la Corte Suprema , al igual que Víctor Basterra y el matrimonio Brodsky. Además lo firmaron Horacio Verbitsky, Víctor De Gennaro, Ricardo Peidro, Nora Cortiñas, Marta Maffei, Osvaldo Bayer, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Pino Solanas, Víctor Heredia, Daniel Feierstein, Herman@s, MEDH, Carlos Slepoy, León Rozitchner, la diputada Victoria Donda, Cristian Castillo, Patricio Etchegaray, Vilma Ripoll, Néstor Pitrola, Antonio Sofía, Eduardo Soares, Oscar Kuperman, entre otros centenares de personalidades y organizaciones.

Si el pedido es justo, si tiene antecedentes que lo avalan y no entorpece ni demora las causas, ¿por qué se desestima? ¿por qué los proscriben? La respuesta es simple. El colectivo Justicia YA! se distingue claramente de otros colectivos y querellantes por sus particulares planteos.

Ante todo, porque exigen que se condene por genocidio y no por delitos aislados. Es así que, en base a lo solicitado por sus abogados en los alegatos, y que fuera recogido en la sentencia por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata , recientemente la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo que condena a Miguel O. Etchecolatz a cadena perpetua y cárcel común "en el marco del genocidio que se cometió en nuestro país entre 1976 y 1983".

Este logro fue repetido con relación al sacerdote Cristian Federico Von Wernich. Y similar planteo se hizo en los alegatos del juicio a Héctor A. Febrés (siendo también tomado como base en otros juicios orales como el efectuado a fines del año pasado en la provincia de Neuquén).

Es decir, se los condena no por un accionar delictivo aislado sino aceptando que las aberraciones que Etchecolatz y Von Wernich cometieron, fueron parte de un engranaje mayor, de un genocidio por el que se los responsabiliza, como a los miles de represores que restan ser juzgados, de la más grande masacre del siglo XX en nuestro país.

Lograr que se establezca en un fallo judicial que los crímenes, torturas, secuestros, desapariciones, nacimientos en cautiverio y apropiación de niños, entre otros delitos cometidos entre 1976 y 1983, constituyeron un genocidio, marca una diferencia sustancial. Por primera vez en la historia de la humanidad el máximo tribunal de un país reconoce la existencia de un genocidio en su propio territorio. Esta sentencia no cayó del cielo. Fue propiciada por los mismos que hoy se pretende acallar.

El fallo del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata , hoy confirmado por la Corte Suprema , fue el producto de un arduo trabajo de los querellantes –entre los que no podemos dejar de recordar a Julio López- y del equipo de abogados de los organismos de DDHH que integran Justicia YA!.

No es un detalle menor establecer que la dictadura militar cometió un genocidio; es diferente que decir que cometió crímenes de lesa humanidad. Asesinar a toda la población de una ciudad indiscriminadamente , es un delito de lesa humanidad pero no es un genocidio. Genocidio significa que el objetivo era aniquilar a una parte en especial de la sociedad con el objetivo de cambiar la estructura económica del país, cambiar los valores políticos, sociales y culturales del conjunto de la sociedad. Genocidio es matar de manera planificada, discriminada, elegir con objetivos claros y específicos, a quienes matar, desaparecer, torturar.

Esa fue la estrategia de la represión en Argentina: desaparecer a un grupo nacional, unificado y definido como tal por los genocidas, que pretendía cambios revolucionarios para nuestro pueblo. Y para que esos cambios no se concretaran no era suficiente con desaparecer a ese grupo, también fue necesaria la perversa identificació n de sus integrantes como “enemigos de la sociedad”. Y esto se consumó, al menos en una parte sustancial de la sociedad, con la impunidad posterior a la dictadura, con la teoría de los dos demonios, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, con los indultos, con la reivindicació n de los genocidas. Se consumó el objetivo del genocidio: transformar los valores de la sociedad sobreviviente de manera que fuera posible profundizar el plan económico de la dictadura hasta llegar a los niveles de explotación, desocupación, hambre, enfermedades evitables y miseria que hoy padecemos.

Desde este lugar, vemos que la posibilidad de participación autónoma en los debates orales de Justicia YA!, es inescindible de la necesidad de seguir en ese camino. Dar ese debate es imprescindible para condenar a los miles de represores que aún restan ser juzgados, para que sepamos qué pasó con todos y cada uno de los 30.000 desaparecidos, para encontrar a los 400 jóvenes apropiados, para que los responsables de la desaparición del compañero Jorge Julio López sean juzgados y condenados, pero sobre todo para que nuestro pueblo siga desandando el camino y retome las banderas de los 30.000, ésas que reclaman cambios justos, cambios revolucionarios, para nuestro país.

Hay que destacar algo primordial. La exigencia de condena por el delito de genocidio que efectúa por Justicia Ya! es fundamental además, para poder juzgar y condenar a los civiles que compartieron la responsabilidad de la masacre con los integrantes de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia, que en muchos casos se beneficiaron con el golpe (grandes empresarios) y que siguen y seguirán estando completamente impunes si se mantiene esta forma de juzgar. ¿Quién recuerda hoy la causa contra la Ford ? ¿contra la Mercedes Benz ? ¿el Ingenio Ledesma? No es menor: en esos establecimientos existieron campos de concentración.

Por denunciar esta complicidad una de las abogadas de Justicia YA! está siendo querellada por un funcionario de la dictadura militar.

En segundo lugar, debemos destacar que entendemos que la morosidad del desarrollo de los juicios no sólo tiene que ver con la celeridad de los trámites sino esencialmente con las características de los juicios que se están desarrollando. Es decir, a quiénes se está juzgando y por qué víctimas.

La pertinencia de esta preocupación queda más que clara si se considera que de más de 500 campos de concentración reconocidos oficialmente, al día de hoy hay alrededor de 1000 imputados por los fiscales y/o por los jueces. O sea, apenas 2 represores por campo. Además, de estos 1000 imputados, sólo 41 están condenados.

Que, incluso, los condenados sean apenas el 4% de los procesados se explica en que en todos los casos se han elevado a debate oral fracciones de las causas que involucran a pocos represores y acusados por pocas víctimas, desguazando así las causas en infinitos tramos. Así ocurrió por ejemplo con el ex comisario Etchecolatz, el cura Von Wernich, Julio Simón, Barda, Comes, Mariani, Menéndez y Bussi.

Que sólo haya un promedio menor al de 2 imputados por campo de concentración tiene su origen en un hecho que consideramos inadmisible por la inusitada gravedad institucional que conlleva: la totalidad de los fiscales y jueces encargados de estas causas imputan/procesan solamente a las cadenas de mandos y a aquellos que fueron reconocidos por los sobrevivientes.

Para que quede claro: aún cuando se esté investigando un centro clandestino de detención que funcionó en una dependencia oficial, de la que el Estado cuenta con el listado del personal que allí revistaba, se limitan las acusaciones al máximo responsable del lugar, Comisario, Jefe o Director, y a los efectivos reconocidos por los sobrevivientes.

Teniendo en cuenta que todos los sobrevivientes, cuando fueron secuestrados y torturados, permanecían encapuchados o tabicados (venda sobre los ojos) y que esos elementos sólo les eran retirados excepcionalmente, es harto improbable que hayan visto a sus torturadores y custodios y que si circunstancialmente lo pudieron hacer, les sea posible hoy -luego de más de 30 años- reconocerlos por una foto, en general borrosa y de época distinta a la de los hechos. Tampoco es posible pensar que puedan conocer sus nombres y apellidos ya que es sabido que entre ellos se mencionaban solo por apodos.

De esta manera se da el absurdo de que se supone inocente, por ejemplo, a todos los oficiales de una Comisaría -probadamente sede de un centro clandestino de detención- mientras que un Cabo de Guardia circunstancialmente señalado por un sobreviviente es acusado de los delitos allí cometidos (ni qué hablar, como decíamos mas arriba, de los gerentes de las grandes multinacionales que entregaban listados de personal a los militares u organizaban capos de concentración en sus plantas).

Una vez más sigue recayendo sobre las víctimas el peso de las pruebas pero además ¿qué más necesitan los jueces para procesar que la probada asistencia día tras día de un efectivo policial o militar a un campo de concentración donde se torturaba, se violaba, se asesinaba y se desaparecía?

Esta forma de elegir a quienes se acusará parece más encaminada a des-incriminar a los criminales que a un sincero intento de arbitrar justicia y significa que la inmensa mayoría de los responsables del genocidio quedarán en la impunidad.

Como siempre, seguimos sosteniendo que deben unificarse los procesos por campo de concentración o circuito represivo, procesando a todo aquel que revistó y participó en un CCD por todos los compañeros secuestrados en el lugar durante las fechas de su desempeño.

Justicia ya! también se distingue porque exige que se incluya a todas las víctimas y no que se seleccione entre ellas a la hora de elevar una causa a debate oral; porque insiste en que estas causas son del pueblo y que la representació n colectiva de las organizaciones querellantes es tan importante como la de las víctimas individuales; porque se niega a aceptar que hay casos paradigmáticos; porque denuncia a los jueces que demoran las causas y a los que permiten que asesinen a los procesados para que no hablen; porque no admite que la lentitud de los juicios sea, como dice el Presidente de la Corte , “básicamente un problema organizativo” ni debida a la falta de jueces, de espacio o de computadoras; porque sostiene y demuestra que se trata de una decisión política: no destituir a jueces y fiscales cómplices de la dictadura, no juzgar el genocidio sino hechos aislados dejando en la impunidad a miles de represores.

Por todo lo expuesto, una vez más decimos que el Consejo de la Magistratura de la Nación no puede resultar ajeno a esta situación. Queda demostrado en forma palmaria que Justicia Ya! sostiene una actividad jurídica completamente disímil y en casos opuesta con los postulados de los abogados que encabezan las querellas en que se la ha unificado.

Ponemos a modo de colofón, algunos de los actos procesales a que nos estamos refiriendo:

o En la etapa de la instrucción: Justicia Ya! exige -en forma exclusiva- que se indague a los represores por el delito de genocidio; que esa indagatoria se efectúe por todas y cada una de las víctimas que pasaron por ese centro clandestino de detención, negándose a que se haga por casos determinados, seleccionados del total. Al responder la vista del art. 346 CPPN Justicia Ya! se opone a que se eleve a juicio oral a un grupo reducido de represores, exigiendo en ese acto que se amplíe la indagatoria a todos los represores, todos los compañeros que pasaron por ese centro clandestino de detención, ello por el delito de genocidio.

o En la etapa del debate oral existe una importante diferencia con otras querellas en cuanto a los testigos: Justicia Ya! se niega a que se incluya como tales a personas que lejos están de poder ser considerados confiables en sus dichos. A su vez Justicia Ya! presenta prueba por todas las víctimas y no solo por los querellantes que sus abogados patrocinan, porque esa es su obligación como representantes del colectivo. También en esta etapa exige sistemáticamente que se unifique con tramos siguientes en cada causa para evitar el brutal desguase a que son sometidas. Por último, en todos los casos pide condena por el delito de genocidio.

Se demuestra con estos ejemplos que no existen intereses comunes con los demás querellantes por lo que NO corresponde unificar compulsiva y arbitrariamente a Justicia YA! con ellos.

La discriminació n y violación al derecho de acceso a la justicia se sostiene en falaces y variados argumentos que van trocando según el caso. En algunos casos el TOF 5 arguye que hubo otro querellante que “se presentó primero”; cuando un querellante de Justicia Ya! cumple con esa condición, troca el fundamento de la exclusión a que “no son víctimas directas” sino organismos, y así se va dando una espiral que siempre concluye en que los querellantes que integran Justicia YA! –organizaciones o víctimas directas- son excluidos.

La Corte Suprema completó ese laberinto argumental aduciendo que no es cuestión federal. Es improbable que de tal categoría pueda excluirse todo el conjunto de violaciones de derechos y garantías fundamentales que implica para quienes por más de 30 años han luchado por terminar con la impunidad y ahora ven que no podrán participar de los debate orales y que sencillamente la acusación que ellos efectúan, por los delitos que ellos efectúan, mediante las pruebas que ellos aportan, no podrán estar más en esos juicios orales que debieran ser públicos.

Tan es así que ni la Corte Suprema ni ninguno de los tribunales inferiores que han actuado en las causas en que fue excluida Justicia Ya! pudo demostrar la identidad de intereses con los querellantes con los que fue unificada compulsivamente. Sencillamente porque ese elemento fundamental para disponer la unificación de querellas no existe y es de público y notorio.

Y por qué no pensar que si los juicios que se sustanciaron hasta ahora en la Ciudad de Buenos Aires hubieran sido de verdad públicos, toda esta discusión sería más sencilla. A los ojos del pueblo se vería qué se está tratando de proscribir a Justicia YA! mediante argumentos que intentan ser jurídicos.

Exigimos que se inicie proceso de destitución del Tribunal Oral Federal Nº 5 y en virtud de la discriminació n por razones políticas de que estamos siendo objeto, se tomen las medidas que se consideren pertinentes para investigar y sancionar tal accionar.


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